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Enviado por APRODIR – Madrid el Vie, 05/02/2021 – 15:53
Asociación de Directivos de Educación Secundaria de Madrid
Desde la Asociación de Directivos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid – APRODIR, en el marco de los fines y actividades de la Asociación, y para el ámbito de los centros educativos que representa a sus asociados, presenta las siguientes consideraciones dentro del periodo de consulta pública sobre el contenido del anteproyecto de Ley maestra de libertad educativa presentado en su memoria:
El anteproyecto gira en torno a dos ejes: la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias y la escolarización más inclusiva posible para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Su ámbito de aplicación son todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas declaradas gratuitas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, trata las cuestiones que plantea el anteproyecto según su calendario de implantación, y a la espera del preceptivo desarrollo posterior por llegar, debe generar el marco normativo para garantizar el a su vez adecuado ordenamiento por parte de las Administraciones educativas.
A la par de los principios marcados por la LOE en cuanto a la libertad de las familias para elegir centro escolar, las Administraciones educativas deben garantizar una distribución equitativa del alumnado entre todas las plazas sostenidas con fondos públicos.
Una cuidada planificación de las plazas existentes en centro públicos y privados concertados previo al comienzo del proceso de admisión, junto con la revisión de las adscripciones, supondría disponer de las plazas suficientes para todo el alumnado solicitante.
Por otra parte, si como indica la memoria, la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales es la consecución de centros escolares ordinarios de calidad, adecuados a las necesidades de todos los alumnos, será necesario incluir una memoria económica que incluya el presupuesto necesario para dotar a los centros ordinarios de los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlo a cabo en el grado de calidad acorde a lo que se aboga. A la vez, cuando el alumnado presente necesidades que no pudieran ser atendidas desde los centros ordinarios, proveer las suficientes plazas en los centros de educación especial.
Un signo de equidad en un sistema educativo de calidad se refleja en proporcionar la atención adecuada para cada caso.
Para llevar este planteamiento a cabo, es necesario dotar a los equipos directivos de los centros de una autonomía efectiva que permita generar en sus centros las condiciones para desarrollar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, y formas de organización, entre otras medidas, para atender a la diversidad del alumnado al que atiende.
Esa autonomía debe permitir gestionar los recursos humanos, materiales y educativos asignados en mayor medida a esos centros para el desarrollo de sus planes educativos distintivos en la atención a la diversidad. La asignación quedará condicionada en todo caso a la rendición de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.
Finalmente, subrayar la necesaria formación de entrada y continua de los equipos directivos para manejar de manera eficiente los centros educativos en las condiciones descritas. Esta garantía de gestión de los recursos públicos se obtiene necesariamente mediante la profesionalización de la función directiva, asunto largamente solicitado por esta asociación de directivos.